Cuando a Alfonso Oliva le diagnosticaron la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en 2014, encaró un proceso de solicitud para que en Argentina la eutanasia sea una práctica legal.

Después de llevar una vida "normal" durante 31 años falleció en 2019, tras un lustro de sufrimiento. Sin poder si quiera hablar, pasó postrado ese tiempo, siendo alimentado en sus últimos días a través de un botón gástrico.

A raíz de su caso, la diputada nacional Gabriela Estévez encabeza un anteproyecto que busca legalizar la práctica, como así también incluye la "muerte asistida".

En la práctica de la eutanasia, a la muerte se la provoca un profesional ante requerimiento de un paciente que sufre una enfermedad terminal mediante un fármaco o tóxico en dosis fatales. En la otra flamante figura del texto que posiblemente ingrese en abril al Congreso, el médico sólo acompaña el proceso, y la persona misma es la que se lo administra.

La gran discusión solo tiene en Latinoamérica el caso de Colombia, único país donde es legal. Los límites de un padecimiento físico o emocional intolerable y terminar con una vida son la discusión central.

La regulación de tales prácticas ingresaría, en tal sentido, en un pronto debate legislativo.

Hasta ahora, en la discusión central no sería excluyente tener el diagnóstico de una enfermedad terminal, aunque sí deberá estar comprobado que padece un cuadro médico incurable e irreversible que provoca fuertes dolores o una minusvalía considerable.

Se contempla, de acuerdo a la letra de la normativa, una objeción de conciencia profesional e individual, pero no para la institución.