A través de la  Resolución 91/2021 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional determinó el regreso a la "presencialidad programada"  de las personas que trabajan en la Administración Pública Nacional a partir del 1º de setiembre, en la que se podrá convocar con 72 horas de anticipación a quienes hayan recibido al menos una dosis de las vacunas contra el Covid-19 que se aplican en el país, "independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación".

No obstante ello, quedan establecidas las excepciones para el caso de los empleados con inmunodeficiencias (enfermedades autoinmunes como VIH, pacientes oncológicos, pacientes con trasplantes) y las personas embarazadas. La presencialidad programada es un formato que combina presencialidad y trabajo remoto.

De esta manera, la normativa establece que "la prestación de servicios de carácter presencial a tiempo parcial no podrá disponerse por fracciones inferiores al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la jornada normal, habitual y permanente dispuesta para la categoría de revista de cada agente según las disposiciones legales y convencionales vigentes, o hasta VEINTE (20) horas semanales". Para estos casos se contemplara la situación de "los padres, madres y tutores con niños de hasta 13 años que asisten alternadamente a sus establecimientos educativos”.

Además, queda estipulado que las autoridades de cada área, "deberán solicitar a las y los convocados el Certificado de Vacunación, al cual podrán acceder desde la aplicación Mi Argentina". De acuerdo a los datos oficiales, hay cerca de 200 mil agentes que podrán ser convocados a partir del 1º de setiembre.

Para los estatales nacionales, la vuelta a la presencialidad se combinará con trabajo remoto. Foto: Reporte24
Para los estatales nacionales, la vuelta a la presencialidad se combinará con trabajo remoto. Foto: Reporte24

Para el caso de quienes hayan decidido no inocularse hasta ahora, deberán dirigirse a los departamentos respectivos de su repartición para ser informados sobre los beneficios de la vacunación, y en caso de persistir en su negativa, "deberán firmar una nota con carácter de Declaración Jurada, expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores".

En esos casos, la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, Ana Castellani, adelantó que "trabajarán en lugares determinados de los edificios para evitar que generen un mayor riesgo de contagio para el resto, aunque creemos que se trata de una proporción muy menor de la dotación", agregó.

La funcionaria remarcó que se establecerá la modalidad de burbujas que "implica cumplir con protocolos establecidos de seguridad y de cuidado, con una relación de metros cuadrados por persona" y en los que la dotación de personal nunca va a estar a pleno.

Por último, la Resolución establece que los que fueran convocados a la presencialidad y no acaten el llamado, "serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicables".