La intendenta de Villa Dolores, Carmen Gloria Pereyra, fue sobreseída en las últimas horas por  Cámara del Crimen de Cruz del Eje, quien estaba imputada de homicidio culposo agravado por la muerte de dos empleados municipales en el derrumbe desagüe ocurrido en 2019.

La medida también beneficia al exsecretario de Obras Públicas del municipio, Aldo Zanitti, acusado del mismo delito y los libera a ambos de la acusación de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, les evita llegar a juicio oral y público.

En cambio, continúan imputados Jorge Arturo Hanisch, ingeniero Civil y Enrique Héctor Bernaldez, ingeniero en Construcciones, responsables de la obra.

Ver también: Elevan a juicio una causa contra la intendenta de Villa Dolores

El lugar donde ocurrió la tragedia. Foto: Archivo La Voz
El lugar donde ocurrió la tragedia. Foto: Archivo La Voz

El defensor de Pereyra, Gerard Gramática, había apelado la elevación a juicio solicitada por la fiscal de instrucción Eugenia Ferreyra y avalada por el juez Sergio Ponce. Luego de una nueva oposición, la causa fue a la cámara de los tribunales de Cruz del Eje, que esta semana hizo lugar al pedido.

“Nuestros argumentos y reproches fueron convalidados por la Cámara de Cruz del Eje, que ordenó al Juez de Control que dicte el sobreseimiento en relación a la intendenta” dijo Gramática. Y agregó: “Nuestros argumentos difieren del planteo realizado por los defensores anteriores”.

El trágico derrumbe que se llevó la vida de dos obreros

El 16 de julio de 2019 en horas de la tarde se produjo el desmoronamiento de una obra de desagüe que se realizaba en pleno centro de Villa Dolores, lo cual dejó el luctuoso saldo de dos empleados municipales fallecidos: Norberto Orlando Romero, de 43 años, y Rubén Damián Altamirano, de sólo 23.

Según las primeras pericias, no se habían tomado las medidas de resguardo y seguridad correspondientes a ese tipo de obras públicas.

La fiscal Ferreyra imputó en ese momento a Pereyra y a Zanitti como coautores penalmente responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y de homicidio culposo agravado por el número de víctimas. Ésta última acusación se hizo extensiva a los ingenieros Bernaldez y Hanisch, encargados de la obra. Los profesionales no fueron sobreseídos y continuarán vinculados al proceso legal. 

Fuente: La Voz