Por la mañana del viernes 18 de agosto detuvieron en Brasil al comandante de la Policía Militar de Brasilia, Klepter Rosa Gonçalves, y otros seis altos funcionarios de la institución. Todos ellos enfrentan acusaciones de haber incumplido deliberadamente su deber de evitar el asalto liderado por seguidores bolsonaristas a las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo el 8 de enero pasado. 

Las autoridades los acusan de compartir afinidades ideológicas con aquellos que abogaban por una intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno recién electo de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó en las urnas al ultraderechista Jair Bolsonaro.

Los siete líderes de la Policía Militar arrestados enfrentan graves acusaciones que incluyen la abolición violenta del Estado de derecho, intento de golpe, daño al patrimonio y omisión del deber. Según la Fiscalía General del Estado, compartieron mensajes de contenido golpista desde las elecciones, cuestionando la legitimidad del proceso electoral.

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Eduardo Heleno, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, señaló que esta operación expone la implicación de sectores de la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en un intento de golpe. Heleno argumenta que esta investigación representa una oportunidad para reevaluar el papel de los militares y su función en la sociedad, subrayando que la resolución de este caso es crucial para la recuperación y mejora de la democracia en Brasil.

Este arresto se suma a las crecientes presiones sobre Jair Bolsonaro, quien fue inhabilitado para presentarse a elecciones durante los próximos ocho años. Las autoridades policiales también anunciaron que se investigarán los movimientos financieros de Bolsonaro y su esposa. Además, cada día surgen nuevas revelaciones sobre posibles maniobras del expresidente, como sus intentos para atacar el proceso electoral y la venta de joyas que recibió como regalo de Arabia Saudita mientras ejercía su presidencia.

Desde el día del asalto, surgieron sospechas de la complicidad de las fuerzas de seguridad, que incluso parecieron escoltar a los bolsonaristas durante su marcha inicialmente pacífica. Cuando la situación derivó en una invasión caótica, la mayoría de los agentes se mantuvo pasiva. El mismo día del asalto, el presidente Lula tomó la decisión de desarmar temporalmente al gobernador del Distrito Federal y su secretario de Seguridad Pública, quien venía del gobierno de Bolsonaro.

En la misma línea, Anderson Torres, secretario de Seguridad Pública en ese momento y vinculado al Gobierno de Bolsonaro, fue detenido tras regresar de un viaje a Florida. Aunque pasó varios meses en prisión, actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

El proceso judicial sigue avanzando y más de mil personas involucradas en el asalto enfrentarán cargos en el futuro, aunque la fecha del juicio aún no ha sido establecida. En medio de estas turbulencias, la figura de Bolsonaro y su legado continúan en el centro del debate público brasileño.