Luego de las marchas realizadas este martes en Córdoba contra las nuevas restricciones impuestas para frenar la velocidad de contagios por coronavirus en el país, hubo polémica por las notificaciones a comerciantes ordenadas por la fiscalía a cargo de la emergencia sanitaria.

Desde la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), que está a cargo del fiscal coordinador Andrés Godoy, notificaron a los organizadores de las protestas en sus domicilios horas antes de las marchas, advirtiéndoles sobre la posible comisión de delitos tipificados en el Código Penal.

Fuentes de la misma UFES, admitieron que recolectan pruebas para tratar de identificar a los manifestantes y que los organizadores podrías ser imputados por apología del delito.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF), emitieron un comunicado en el que aseguran que las notificaciones y las investigaciones se dieron “dentro del marco de la normativa procesal y sustancial vigente”.

“El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba informa que desde el inicio de la Emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a principios del año 2020, con adhesión de nuestra  Provincia, ante el conocimiento de que persona/s por cualquier medio instiguen a la violación de las medidas sanitarias vigentes, a través de redes sociales u otros medios de difusión, los Fiscales de Instrucción de este Ministerio Público Fiscal inician actuaciones y, previa identificación de los presuntos infractores, efectúan a través de la Policía Administrativa, una intimación a los fines de hacer cesar su conducta, notificándoles las consecuencias penales y/o administrativas que acarrea su incumplimiento, conforme la normativa vigente. Dicha actuación es realizada dentro del marco de la normativa procesal y sustancial vigente”, asegura el comunicado del MPF.