Ante la polémica desatada por los pedidos de prisión domiciliaria de presos durante la pandemia de coronavirus, desde la defensoría oficial federal indican que la problemática se da por el histórico hacinamiento en los penales, pero que es una situación de larga data.

Mercedes Crespi, defensora oficial en la justicia federal de Córdoba, indicó a Radio Universidad que recibieron una instrucción general de parte de la defensoría general, que recomendaba analizar la situación de los detenidos caso por caso y de ser necesario, realizar el pedido de prisión domiciliaria.

"Esto es algo que nosotros ya veníamos haciendo, así que no nos cambia mucho en cuanto a trabajo. Desde el primer día que se instaló este problema empezamos a pedir prisiones domiciliarias en general. En Córdoba hubo colegas que lo hicieron", expresó.

La resolución cita "los parámetros internacionales y los documentos que salieron desde que la pandemia llegó a la Argentina", explicó.

Y agregó que para pedir una prisión domiciliaria "hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, que a fines de año pasado se puso en marcha en materia de medidas cautelares el Código Penal federal. Ahí estaba prevista la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica, y eso ya estaba vigente" como alternativa a la prisión preventiva.  

El hacinamiento carcelario es el principal problema previo. "A fin de año Bouwer estuvo complicado. No es sólo la pandemia, tenemos problemas graves en las cárceles y explotan ahora, pero son preexistentes", apuntó.

Crespi afirmó que en su rol como defensora pide la excarcelación "porque cuando recibo una causa apenas empieza tengo una persona que la ley dice que es inocente, y tiene derecho a estar en casa o con un régimen morigerado. Ahora hay un problema puntual para atender que son los grupos de riesgo", expresó.

Sobre la excarcelación de presos a nivel nacional, dice que la cuestión se radicalizó en la opinión pública, medios y referentes. "Esto es un problema grande. Hay que tener cuidado", adujo. 

Otro problema es la cuestión legal y real de las cárceles. "Cuando el Estado pone en la cárcel a alguien, es responsable de lo que le pase a esa persona, y eso no se puede desatender. Si hoy tenemos cárceles sobrepobladas y con gente en grupos de riesgo, ellos van a tener derecho de poder salir de ese ámbito, lo que no implica que tengan que estar en libertad plena. Es obligación del Estado cuidar a los presos", concluyó Crespi.

DEFENSORA OFICIAL MERCEDES CRESPI POR DOMICILIARIAS